domingo 13 de julio de 2025 - Edición Nº2412

Rosca | 20 may 2025

Política

Milei cerró la Unidad que investigaba la cripto $LIBRA tras el escándalo por las pérdidas millonarias

El Gobierno dio por finalizada la tarea del organismo que debía indagar el presunto rug pull que involucró al Presidente. La causa penal sigue en manos de la Justicia


El Gobierno Nacional eliminó oficialmente la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada en febrero por el presidente Javier Milei para indagar las denuncias vinculadas a la criptomoneda $LIBRA, luego de su polémica promoción en redes sociales. La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial a través del Decreto 332/2025, firmado por el mandatario y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

“La información recopilada fue remitida al Ministerio Público Fiscal y la Unidad ha dado cumplimiento a la tarea encomendada por el Decreto N°114/25”, expresa la resolución oficial, que justifica así la disolución del organismo especial.

La creación de la UTI fue una respuesta institucional tras el escándalo desatado el 14 de febrero, cuando Milei publicó en sus cuentas personales mensajes a favor del memecoin $LIBRA, lo que desató una ola de inversiones privadas que terminaron en pérdidas millonarias. Días después, los creadores del proyecto desaparecieron y la criptomoneda se desplomó, lo que muchos damnificados describieron como una "estafa virtual" o rug pull, una maniobra frecuente en el universo cripto donde se abandona un proyecto tras captar fondos.

Pese al cierre de la Unidad, la investigación penal seguirá su curso en el Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar si existieron delitos económicos o conflictos de intereses con participación de funcionarios del Poder Ejecutivo.

Por ahora, el Gobierno no dio detalles públicos sobre los hallazgos de la UTI, ni sobre si alguno de sus miembros hizo presentaciones ante la Justicia. En paralelo, en Estados Unidos avanza una demanda colectiva contra Milei, en la que se lo acusa de “promoción engañosa” y “negligencia”, argumentando que sin su difusión activa, el esquema no habría alcanzado esa escala.

Mientras tanto, las personas damnificadas siguen reclamando explicaciones y compensaciones por las pérdidas sufridas. Aunque el Gobierno dio por cerrada su tarea, el impacto político y judicial del caso está lejos de terminar.

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