

En un comunicado distribuido por la red X, la Oficina del Presidente informó que se dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia para “realizar una profunda modificación del Régimen Migratorio”.
El duro decreto incluye una nueva regularización que no permite la entrada de extranjeros condenados al país, obliga a pagar los servicios de salud a aquellos en residencia transitoria y permite a las Universidades Nacionales establecer aranceles, entre otras cosas.
El vocero presidencial Manuel Adorni presentó el primer punto del DNU con una dura declaración: “De ahora en adelante cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán expulsados. El que miente en cualquier información en su ingreso será también expulsado”. Y agregó que “Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes”, y “todo aquel que sea condenado, será deportado, sea el delito que sea”.
Así, no solo no podrá ingresar al país ningún extranjero condenado, también aquellos que delinquen serán deportados, cualquiera sea su pena, por lo que se empezaran a tener en cuenta aquellos ilícitos con penas menores a 5 años, que antes no eran motivo de rechazo.
Por otro lado, también se proponen nuevas regulaciones en el área de salud, donde se exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares, y además se impondrá la obligatoriedad de contar con un seguro médico a la hora de ingresar a la Argentina.
Además, como ya se venía adelantando desde los dichos de los representantes libertarios buscan que los residentes temporarios deban pagar aranceles en la universidad, autorizando a las Universidades Nacionales a establecerlos.
Por último, se han puesto más severos los requisitos para la obtención de la Carta de Ciudadanía, a la que solo se podrá acceder habiendo residido de manera continúa en el país durante dos años, o de haber realizado una “inversión relevante” para el país. Asimismo, para la residencia permanente se deberá acreditar medios de vida suficientes y la ausencia de antecedentes penales.