La Cámara Federal de Casación Penal reunirá a todos sus jueces en un plenario el próximo 11 de marzo, con el objetivo de definir una postura única sobre la constitucionalidad de la prohibición de acceder a beneficios como la libertad asistida o la excarcelación para condenados por delitos graves, como narcotráfico o secuestro seguido de muerte.

La convocatoria surge a raíz de un recurso presentado por el fiscal Raúl Pleé, quien busca anular fallos que declararon la inconstitucionalidad de esas restricciones. La decisión de avanzar en un plenario fue tomada por la Superintendencia del tribunal, integrada por los presidentes de todas las salas de Casación.

En el encuentro, los magistrados analizarán si estas restricciones son compatibles con el régimen de progresividad de la pena, el principio de igualdad ante la ley y la razonabilidad de los actos de gobierno, de acuerdo con los artículos 14 del Código Penal y 56 bis de la ley 24.660.

Debate judicial y antecedentes

Las normas en cuestión establecen que no corresponde conceder beneficios penitenciarios a quienes fueron condenados por delitos de alta gravedad, una política que ha generado fallos judiciales contradictorios.

"Forma parte del cometido institucional de esta Cámara promover la unificación de su propia jurisprudencia y evitar sentencias contradictorias", destacaron los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques en su voto mayoritario.

Además, recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que es deber de Casación resolver conflictos de jurisprudencia dentro de su jurisdicción.

El fiscal Pleé había solicitado que se convoque a un Acuerdo General para que se establezca como doctrina obligatoria la plena validez constitucional de las restricciones al acceso a la libertad asistida para condenados por narcotráfico.

Casación también advirtió que el fallo no solo afectará a este tipo de delitos, sino que su alcance abarca otras figuras delictivas contempladas en la ley.

"La trascendencia de esta cuestión, al vincularse con el derecho a la libertad de personas condenadas y con el objetivo de reinserción social del régimen de ejecución de la pena, justifica la necesidad de unificar criterios de manera urgente", concluyó la convocatoria.