El juez federal Adrián González Charvay decidió habilitar la feria judicial de enero para continuar con la causa que involucra al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por presunto lavado de activos. La medida responde a la necesidad de acelerar la obtención de información clave desde España, que podría ser determinante para el avance del caso.

La investigación surgió a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) y pone bajo la lupa al círculo cercano de D’Onofrio, incluida la concejala Claudia Pombo, quien renunció a la titularidad del Concejo Deliberante de Pilar tras el avance de las averiguaciones. En el expediente, se analizan cinco viajes sospechosos de Pombo a Málaga entre 2022 y 2024, además de vuelos a Estados Unidos, Brasil y Uruguay, cuyos motivos aún no han sido justificados.

Además de D’Onofrio y Pombo, también fueron imputados otros funcionarios y allegados, como Fernando Asencio, exdirector de Fiscalización y Control, Agustina Cuadra, hija de Pombo, Mario Quattrochi, juez de faltas, y Héctor Marcelo Suárez Basail, medio hermano de la concejala, quien trabaja en la Cámara de Diputados bonaerense con un sueldo cercano a los dos millones de pesos.

La causa también investiga un presunto sistema de recaudación ilegal mediante fotomultas, en el que se sospecha que se ofrecía eliminar infracciones a cambio de comisiones. Este esquema podría haber generado ingresos millonarios de forma paralela, un punto que actualmente se encuentra en análisis.

El juez González Charvay confirmó que está trabajando en conjunto con un organismo español para obtener documentación relevante que permita esclarecer el presunto lavado de activos. La colaboración internacional es clave, dado que los indicios apuntan a movimientos financieros y patrimoniales fuera del país.

Simultáneamente, el fiscal Álvaro Garganta, en La Plata, lidera otra línea de investigación enfocada en el patrimonio de los involucrados y posibles irregularidades en sus ingresos. El avance en ambos frentes busca desentrañar la magnitud de las maniobras y establecer responsabilidades.

La decisión de habilitar la feria judicial subraya la gravedad del caso y la importancia de mantener el ritmo de las investigaciones, que podrían derivar en nuevas imputaciones y destapar un entramado más amplio de corrupción vinculada a exfuncionarios bonaerenses.