domingo 17 de agosto de 2025 - Edición Nº2447

Rosca | 19 dic 2024

Política

Guillermo Francos cuestionó el funcionamiento de la Corte Suprema y abre la posibilidad de designar jueces por decreto

El jefe de Gabinete criticó la capacidad operativa del Máximo Tribunal con tres miembros y dejó entrever que el Gobierno podría avanzar con las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla sin la aprobación del Senado.


El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, puso en duda la viabilidad de que la Corte Suprema de Justicia funcione con solo tres integrantes tras la próxima salida del juez Juan Carlos Maqueda el 29 de diciembre. Además, dejó abierta la posibilidad de que el presidente Javier Milei utilice un decreto para designar a los candidatos Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, cuyos pliegos permanecen en el Senado sin consenso.

“No sé si puede funcionar con tres jueces”, señaló Francos al referirse a la situación que enfrentará la Corte tras la jubilación de Maqueda, quien alcanzará la edad límite de 75 años luego de 22 años en el tribunal.

El titular de ministros también cuestionó la eficacia del Máximo Tribunal, señalando la prolongación de los tiempos procesales. “Cuando uno mira el tiempo que llevan los fallos de la Corte Suprema de Justicia, la verdad es lamentable. Que un proceso en Argentina hasta que llegue al fallo de la Corte lleve 20 años es absolutamente inusual”, afirmó.

Sus declaraciones se producen en el marco de una reciente acordada del tribunal que establece cómo operará con tres miembros y el apoyo de conjueces para mantener su funcionamiento. Sin embargo, el Gobierno parece preocupado por las implicancias políticas y judiciales de esta composición reducida.

Francos también hizo alusión a la posibilidad de avanzar con los nombramientos de los dos jueces propuestos por el presidente Milei, incluso sin la aprobación legislativa. “Es algo que el presidente tiene en la cabeza y lo autorizará si en el momento que corresponda cree que lo tiene que utilizar. La Constitución lo habilita”, afirmó, dejando la decisión final en manos del mandatario.

La situación de la Corte Suprema y la posible intervención del Ejecutivo mediante un decreto genera debate, dado que podría intensificar las tensiones entre el Gobierno, el Poder Judicial y el Congreso. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro funcionamiento del tribunal mantiene en vilo tanto a los actores políticos como a los especialistas en derecho constitucional.

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