sábado 12 de julio de 2025 - Edición Nº2411

Rosca | 17 dic 2024

Política

Andrés Vázquez, titular de la DGI, bajo la lupa por sociedades offshore y propiedades no declaradas

El funcionario designado por Javier Milei enfrenta denuncias por presunta omisión en sus declaraciones juradas y vínculos con empresas radicadas en paraísos fiscales


Andrés Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva (DGI) y hombre clave en la estrategia de recaudación del gobierno de Javier Milei, se encuentra envuelto en una grave polémica tras la publicación de una investigación que lo vincula con sociedades offshore y propiedades en Miami no declaradas ante la Oficina Anticorrupción. Según el informe del periodista Hugo Alconada Mon, respaldado por el ICIJ y el CLIP, Vázquez aparece como titular de las empresas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, radicadas en Panamá, que adquirieron tres inmuebles en Miami entre 2013 y 2015 por un total de casi 2 millones de dólares.

La Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a declarar la totalidad de sus bienes, tanto en el país como en el extranjero. Sin embargo, en su última declaración jurada presentada en 2023, Vázquez omitió cualquier referencia a estas propiedades o a las sociedades offshore, limitándose a informar la titularidad de diez inmuebles en Argentina. Documentos filtrados incluyen registros de la empresa Trident Trust que lo categorizan como "Persona Políticamente Expuesta" y lo vinculan directamente con las propiedades a través de su pasaporte y datos de contacto.

El pasado del funcionario también genera controversias. Con más de 30 años en la AFIP, Vázquez lideró en 2009 un operativo contra el Grupo Clarín bajo la gestión de Ricardo Echegaray, lo que generó acusaciones de hostigamiento político. En 2016, su nombre apareció en los Panamá Papers, lo que derivó en cuestionamientos a su integridad. Designado por Milei en octubre, su liderazgo en la DGI estaba enfocado en la lucha contra la evasión fiscal, pero las denuncias actuales amenazan con empañar la promesa de transparencia del gobierno libertario.

La exposición pública de este caso podría derivar en investigaciones judiciales y administrativas. Desde sectores políticos y sociales ya se exigen explicaciones y la intervención de organismos de control, mientras el gobierno de Milei enfrenta la presión de demostrar coherencia con su discurso anticorrupción.

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