En la Legislatura bonaerense, diputados y senadores se autoconvocaron a sesiones extraordinarias, en momentos en los que el gobierno provincial comandado por Axel Kicillof ve peligrar -por estas horas- sus proyectos sobre ley fiscal impositiva y Presupuesto 2025 por falta de acuerdo parlamentario. Las deliberaciones, de todos modos, está previsto que continúen en diciembre.

Las dos iniciativas figuran al tope de las prioridades para la administración que lidera Kicillof, entre otras propuestas que motoriza la Gobernación. El jueves pasado sesionó la cámara de Diputados, en tanto se espera que el Senado se reúna este martes a partir de las 14 en el Palacio Legislativo, en La Plata, según averiguó Periodata. 

Además de Presupuesto 2025 y ley fiscal impositiva, en la nómina de proyectos en los que el oficialismo bonaerense ha concentrado sus energías recientemente figura uno en particular que acaba de ser aprobado en Diputados y que enciende enormes luces de alarma en el ámbito jurista bonaerense, en especial en la Caja de la Abogacía provincial, que preside Fabián Gerardo Portillo. 

Se trata de una iniciativa, patrocinada por la agrupación ultra-kirchnerista La Cámpora, que prevé una quita -en detrimento del mencionado organismo- de recursos millonarios que pagan los contribuyentes al acceder a los servicios de Justicia. En caso de que el Senado le otorgue sanción definitiva, las arcas de la entidad que encabeza Portillo sufrirían un impacto por demás significativo.

Ese proyecto aún no tiene estado parlamentario en la Cámara alta bonaerense, pero en sesiones extraordinarias autoconvocadas cualquier tema puede ser llevado a discusión, a diferencia de lo que sucede cuando el llamado lo realiza el Poder Ejecutivo, que debe especificar los asuntos previstos para su tratamiento. En este sentido, si bien es probable que las deliberaciones en el recinto del Senado se enfoquen en el paquete presupuestario e impositivo que impulsa el gobernador Kicillof, también se espera que el camporismo presione para motorizar sus propias inquietudes.

El mes pasado, el kirchnerismo logró aprobar en la cámara de Diputados una iniciativa propulsada por Facundo Tignanelli que elimina la sobretasa de Justicia, lo que supone lisa y llanamente que la Caja de la Abogacía de la Provincia deje de percibir una acaudalada suma de dinero que pagan los contribuyentes cuando acceden a los servicios de Justicia. El legislador brindó sus explicaciones durante el debate parlamentario, pero en el ámbito jurista sus argumentos no convencieron.

Tignanelli cuestionó enfáticamente el manejo presupuestario que realizan las autoridades de la Caja de la Abogacía bonaerense, en especial en lo que se refiere a viáticos, a gastos de traslado y alojamiento. Además, detalló que ese organismo invirtió sumas de dinero en títulos de Estados Unidos, motivo por el cual paga comisiones por 1.400 millones de pesos, según indicó el diputado ultra-K en el recinto.

Los distintos colegios de abogados de la Provincia rechazaron la iniciativa kirchnerista, al considerar que la embestida contra la Caja de la Abogacía se relaciona con el revés que sufrió La Cámpora en junio pasado en las elecciones internas en ese organismo, donde el candidato que supuestamente patrocinaba Tignanelli perdió en forma ajustada (por apenas dos votos) frente a un sector del peronismo y el radicalismo que se unieron para designar a Portillo como presidente. Entienden que al no poder quedarse con la conducción de esa entidad, ahora pretenden “vengarse” e intentan quitarle su principal fuente de ingresos.

Incluso, voceros dejaron trascender que si el proyecto finalmente se convierte en ley, los organismos que agrupan a letrados en la provincia de Buenos Aires podrían reclamar la renuncia del presidente del Colegio de Abogados del distrito, Bienvenido Rodríguez Basalo, por no alzar oportunamente su voz de protesta. Ocurre que Rodríguez Basalo, impulsado por la intendenta camporista de Quilmes, Mayra Mendoza, para desempeñarse en ese cargo, ha preferido mantenerse al margen de la discusión. Sus colegas aseguran que está “enmudecido” y “sin tomar partido” en esta disputa que podría atentar contra el ejercicio de la profesión y la jubilación de los abogados registrados en la Provincia.