La Fundación Apolo denunció ante la Justicia al expresidente Alberto Fernández, al empresario de seguros Héctor Martinez Sosa y al expresidente de "Nación Seguros", Alberto Pagliano por el presunto delito de "asociación ilícita" (artículo 210 del código penal). Asimismo, el documento presentado también denuncia a Pagliano por "fraude contra la administración publica”, tipificados en el artículo 175 inciso 5 del mismo Código. Esto es ya que, según expone el documento, el mismo esquema que habrían implementado los tres mencionados (ya de público conocimiento) para cobrar enormes comisiones, se habría aplicado en la empresa "Provincia Seguros" (propiedad del estado bonaerense) a partir del año 2006. Fue presentada con la firma de su Director General, Yamil Santoro; el jefe del equipo legal, José Magioncalda; el encargado del equipo de investigación legal, Nicolás Silvera, y el abogado Ignacio Falcón.

Santoro declaró al respecto: "desde Fundación Apolo estamos llevando adelante investigaciones además de nuestro activismo en favor de la transparencia que tantos dolores de cabeza le viene generando a los corruptos. En el caso de la causa "Seguros" que involucra a Alberto Fernández y a su entorno, estamos mostrando que lo que hoy investiga la justicia no es un hecho único, sino es parte de un plan sistemático desarrollado hace más de 20 años, creado por una verdadera asociación ilícita. Lo peor de todo, este sistema sigue vigente hoy en día". 

Alberto Fernández, Alberto Pagliano y Héctor Martínez Sosa están siendo investigados por la causa "Seguros" ya que, por decreto, el entonces presidente impuso la obligación a los entes nacionales de contratar con "Nación Seguros". En tanto, Héctor Martínez Sosa operó como intermediario entre los entes públicos y esa compañía, llevándose exhorbitantes comisiones en el proceso. 

La ONG líder en la lucha anticorrupción informa ahora que, desde aproximadamente 2006, se orquestó un sistema idéntico al que después se repetiría en el Estado Nacional: A través de un decreto del 2004, se obligó a todos los entes provinciales y municipales a contratar con "Provincia Seguros SA" sus seguros. A diferencia de Nación, el decreto prohibió todo tipo de intermediarios. Pero a pesar de dicha prohibición, los intermediarios (conocidos como agentes institorios) operaron como mandatarios de "Provincia Seguros" y las intendencias tenían que designarlos sí o sí. Esta situación generó una estructura de intermediarios exactamente igual a la que hoy se investiga del Estado Nacional. Quienes habrían orquestado este sistema, que hoy sigue estando vigente, son los mismos individuos que están siendo investigados en la causa “Seguros Nación”: Alberto Fernández (exvicepresidente del Grupo Bapro), Alberto Pagliano (ex-Gerente de "Provincia Seguros") y Héctor Martínez Sosa (muchos de los intermediarios trabajaban para él).

La denuncia presentada incluye como prueba las declaraciones testimoniales de la causa 19938/2009, que prueba la existencia de agentes institorios operando en municipalidades e intendencias. Para finalizar, el documento también menciona la compra de la empresa "Vanguardia SA", de Tierra del Fuego. Esta firma era propiedad de la Familia Martinez Sosa y fue comprada inexplicablemente y con consecuencias ruinosas para la provincia, por el Grupo Bapro. Esto ocurrió en tiempos en los que Alberto Fernández ejercía la Vicepresidencia del Grupo "Bapro".