El Gobierno argentino declaró formalmente a Aerolíneas Argentinas como una empresa estatal sujeta a privatización mediante el Decreto 873/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La decisión surge tras 16 años de estatización, donde, según el Ejecutivo, los objetivos propuestos no se cumplieron.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado la medida, citando la Ley de Reforma del Estado. El Gobierno argumenta que esta privatización fomentará la eficiencia comercial y mejorará la conectividad aérea, un pilar esencial para el desarrollo económico del país. Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencia en un contexto de conflictos laborales y críticas hacia los beneficios que reciben los empleados, incluyendo pasajes gratuitos en clase ejecutiva.

La norma debe ser aprobada por el Congreso, donde se espera que la discusión avance la próxima semana. Además, el 16 de octubre, la Asamblea de Accionistas deberá decidir sobre la expulsión del sindicalista Pablo Biro del Directorio. Con la presión de plazos ajustados, la administración de Milei advierte que, si el Congreso no actúa antes de fin de año, podría transferir la empresa a los empleados o cerrar sus puertas. La situación se presenta tensa y crítica, marcando un posible cambio radical en la historia de la aerolínea nacional.