La Fundación Apolo realizó una presentación judicial ante la justicia para que se investiguen posibles delitos cometidos en el contexto de la intervención judicial y administrativa de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). La denuncia lleva las firmas del jefe del equipo de legales, José Magioncalda; del abogado Ignacio Falcón; y del diputado de la provincia de Buenos Aires Sebastián Pascual, y solicita que se profundice en las irregularidades que habrían afectado tanto al sindicato como a su obra social OSPRERA.

Entre los hechos señalados por la ONG anticorrupción, se destacan posibles violaciones a los artículos 210, 268 y 248 del Código Penal Argentino. Uno de los puntos centrales es el accionar del juez federal José Baric, quien habría intervenido en resoluciones que avalaron asambleas con irregularidades, además de tomar medidas judiciales que habrían favorecido a determinados sectores en perjuicio del conjunto de los trabajadores. Se pone el foco en la intervención de UATRE, la designación de Néstor Acuña y las decisiones tomadas en el marco de la intervención de OSPRERA tras el asesinato del chofer del vicepresidente del sindicato.

La denuncia también señala irregularidades vinculadas a la gestión de José Voytenco, actual secretario general de UATRE. Se lo acusa de haber convocado elecciones con serios cuestionamientos en 2023 y de mantener relaciones comerciales con empresas privadas, como Surco Compañía de Seguros y Reservin Patagonia SRL, que habrían beneficiado económicamente a su entorno. Además, se apunta contra despidos arbitrarios y persecuciones políticas dentro de la estructura sindical, en particular el desfinanciamiento de OSPRERA en las jurisdicciones que no apoyan a su conducción.

Otro de los señalados en la denuncia es la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, quien, según Apolo, habría tenido un rol pasivo frente a los múltiples reclamos judiciales relacionados con estos hechos. La presentación judicial sugiere que su inacción podría estar vinculada a un entramado de negocios irregulares que involucraría tanto al sindicato como a otros actores políticos.

La Fundación Apolo exige una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en los presuntos delitos. «Es fundamental que la justicia actúe con celeridad para garantizar la transparencia y la legalidad dentro de un gremio que representa a miles de trabajadores en todo el país», afirmaron desde la ONG.