El gobierno de la provincia de Buenos Aires, tras la compra de uniformes escolares bajo la dirección Axel Kicillof, adjudicó un contrato de 872 millones de pesos a la cooperativa Solutex SA, una entidad previamente investigada y allanada por la justicia federal debido a un escándalo relacionado con la producción de guardapolvos.

El 15 de mayo de este año, el Ministro de Desarrollo Social, Andrés "Cuervo" Larroque, y Kicillof autorizaron la adquisición de 229 mil guardapolvos por un total de 4130 millones de pesos. Entre los proveedores seleccionados se encuentra Solutex SA, una cooperativa que estuvo en el centro de la controversia desde su involucramiento en un caso de incumplimiento de contratos bajo la administración de Alberto Fernández.

La polémica en torno a Solutex SA comenzó cuando la cooperativa, ubicada en Madariaga 741, Lanús, recibió 500 millones de pesos de la cooperativa 15 de Julio para la confección de 165 mil guardapolvos. No obstante, Solutex no cumplió con la entrega y, en su lugar, denunció a su apoderado, Mario Figueroa, de apropiarse de la cooperativa. Este incidente desencadenó una investigación que reveló que el 70% de los guardapolvos encargados por el Ministerio de Victoria Tolosa Paz en marzo de 2023 no habían sido entregados, un déficit que ascendió a más de 5500 millones de pesos.

A pesar de los allanamientos y la denuncia pública, Solutex SA firmó un nuevo contrato con el gobierno provincial para la provisión de 50 mil guardapolvos a un precio unitario de 17,450 pesos, mucho más alto en comparación con el precio de 4,305 pesos por unidad que el gobierno nacional había pagado un año antes.

El programa de investigación La Cornisa, que desveló el escándalo inicial, visitó la nueva dirección de Solutex en República de Francia 1350, Quilmes, encontrando allí a una cooperativa llamada María Ramírez, la cual no guarda vínculos con los contratos gubernamentales y se dedica a vender ropa en ferias y redes sociales.

Documentos obtenidos por La Cornisa muestran que Solutex SA recibió casi 800 millones de pesos a través de transferencias del Banco Provincia, subrayando cómo las cooperativas denunciadas continúan realizando negocios con el Estado, en esta ocasión con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.