Este miércoles, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales retomó el debate sobre el proyecto de ley que busca modificar las penalidades en los delitos relacionados con la sustracción y/o comercialización de menores de edad. La iniciativa, impulsada por la senadora Carolina Losada de Santa Fe, ya había obtenido la media sanción del Senado la semana pasada por unanimidad.

Debido a divergencias en su redacción, la Cámara alta decidió remitir el proyecto nuevamente a comisión, convocando a juristas y especialistas en la materia para discutir y resolver los puntos conflictivos. Entre los expositores destacaron el presidente de la Cámara Federal Penal, Mariano Borinsky, el juez Ignacio Mahiques de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Juvenil, Penal, Contravencional y Faltas, y la Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham. Tras las exposiciones, la comisión entró a un cuarto intermedio sin fecha definida.

El proyecto busca modificar el artículo 139 bis del Código Penal, estableciendo penas de 4 a 10 años de prisión para quienes reciban o entreguen a un menor de edad a cambio de beneficios económicos u otras contraprestaciones. Además, introduce el artículo 139 ter, que contempla penas de 5 a 15 años para quienes faciliten, promuevan o actúen como intermediarios en estos delitos, siempre y cuando no existan penas más severas aplicables.

El debate en el Senado se vio complicado por un intento del senador Juan Carlos Pagotto de introducir modificaciones al texto original, lo cual generó controversias y demoras en el proceso legislativo. A pesar de esto, el proyecto fue aprobado en general con un contundente respaldo de 63 votos afirmativos, en un contexto marcado por la preocupación pública tras la desaparición del niño correntino Loan Danilo Peña.

El futuro del proyecto ahora dependerá de los consensos que logre alcanzar la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, con el objetivo de garantizar una legislación más efectiva y protectora en casos tan sensibles como el de la sustracción y comercialización de menores.